LA CONSTITUCIÓN IMPORTA: UN ASUNTO EN COMÚN

Introducción

La historia constitucional argentina lleva en sus entrañas una notable paradoja: la Constitución Nacional, que es el instrumento que pretende regular los aspectos más importantes de la vida en común de los habitantes del suelo argentino, no fue construida en común. Dicho de otro modo, la herramienta que tiene la pretensión de articular los aspectos medulares de toda la sociedad –la relación entre los poderes, la vinculación entre el Estado Nacional y las Provincias, las obligaciones del Estado frente a su pueblo, y su margen de intervención en la economía- fue diseñada sólo por una parte muy reducida de ella. El proyecto La constitución importa: un asunto en común que pretendemos desarrollar desde la Universidad Nacional de José C. Paz propone que los aspectos más importantes de la vida en común se discutan y se resuelvan en común. Nos moviliza y nos resulta de vital importancia que la Constitución deje de ser un asunto privado, privativo de las élites políticas y político-académicas, y se transforme en un asunto público.

El déficit democrático de la Constitución y las reformas constitucionales en Argentina

La Constitución argentina de 1853 fue el resultado de un acuerdo entre sectores liberales y conservadores que el 3 de febrero de 1852 habían resultado vencedores en la batalla de Caseros. El Soberano Congreso General Constituyente, reunido en el Cabildo de Santa Fe, inició sus sesiones preparatorias el 15 de noviembre de 1852 y el 1 de mayo de 1853 aprobó la Constitución. En cumplimiento del Tratado de San Nicolás de los Arroyos, cada Provincia envió dos representantes: los veinticuatro eran hombres de una posición social acomodada, doce de ellos eran abogados, tres clérigos, y uno militar. A pesar de la importancia del asunto, la participación popular en la discusión de los ejes centrales del nuevo diseño constitucional fue nula, la elección de los representes no fue democrática, y la escasa deliberación del articulado se hizo en recintos cerrados, sin acceso al pueblo. En 1860 se produjo una importante reforma de la Constitución, que permitió el ingreso de la Provincia de Buenos Aires a la Confederación Argentina, pero fue inconstitucional porque de acuerdo con la Constitución de 1853 no estaba habilitada la reforma durante los primeros diez años de vigencia, y una eventual declaración de necesidad de la reforma debía iniciarse en la Cámara de Senadores y no en la Cámara de Diputados como finalmente ocurrió. Sin embargo, además de esta debilidad institucional hay que remarcar que tanto esta importante reforma cuanto las pequeñas modificaciones de 1866 y 1898 también se hicieron a espaldas de los sectores populares.

La primera parte del siglo XX estuvo marcada por la irrupción de las masas en la política pero las reformas constitucionales argentinas no desplegaron mecanismos de participación y discusión en común sobre los aspectos a modificar o incorporar. En una votación que alcanzó los dos tercios de los miembros presentes pero no de los totales –lo cual generó algunas impugnaciones- en agosto de 1948 el Congreso Nacional declaró la necesidad de la reforma constitucional. Luego de algo menos de dos meses de trabajo, y desde la tercera sesión sin la presencia del partido radical que decidió retirarse, la Convención Constituyente sancionó el 11 de marzo de 1949 la nueva Constitución. La Constitución de 1949 fue dejada sin efecto el 27 de abril de 1956 por una proclama dictada por el entonces Presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu, restituyéndose la validez de la Constitución de 1853 con las reformas de 1860, 1866 y 1898. Al escándalo institucional que implica que un gobierno de facto deje sin efecto un texto constitucional con una “proclama” hay que sumar que mientras la Constitución de 1853 restituida por Aramburu exigía que fuera una declaración del Congreso la que declarara la necesidad de la reforma, el entonces Presidente de facto convocó mediante un decreto, el 3838/57, a una Asamblea Constituyente para que reformar nuevamente el texto constitucional. El pueblo no solamente no participó de las deliberaciones constitucionales, sino que en las elecciones para elegir convencionales constituyentes el peronismo estaba proscripto y el voto en blanco resultó ganador, imponiéndose con 2.115.861 votos por sobre los 2.106.524 que alcanzó la U.C.R. del Pueblo.

Tras los sucesivos golpes de Estado, y en el marco de la consolidación democrática que se desplegó sobre las ruinas de la última dictadura cívico-militar, durante el gobierno de Raúl Alfonsín la discusión sobre una eventual reforma constitucional transitó por el sendero de los expertos, puesto que en 1985, a través del decreto 2446/85, el entonces Presidente creó el Consejo para la Consolidación de la Democracia. El Consejo reunió a numerosos académicos, emitió dos dictámenes que incluían distintas propuestas para una futura reforma constitucional, un anteproyecto de una nueva ley de radiodifusión, y un debate académico para contrastar y analizar distintos aspectos del presidencialismo y el parlamentarismo. El gobierno radical no avanzó en una reforma constitucional, pero Alfonsín jugó un papel fundamental en la reforma constitucional de 1994. El 14 de noviembre de 1993 Menem y Alfonsín, casi en secreto, rubricaron el Pacto de Olivos y el 13 de diciembre firmaron un convenio complementario, que fue la base de un proyecto que luego de un apresurado tratamiento en el Congreso, el 29 de diciembre se tradujo en la ley 24.309 –de dudosa constitucionalidad- que declaró la necesidad de la reforma. En esos 45 días, y a espaldas del pueblo, las cúpulas del Partido Justicialista y de la Unión Cívica Radical acordaron el denominado “Núcleo de Coincidencias Básicas” que incluía los aspectos más importantes de la reforma y que la Convención Reformadora que sesionó en las ciudades de Santa Fe y Paraná entre el 25 de mayo y el 22 de agosto de 1994 se limitó a refrendar, sin estar facultada para establecer modificaciones.

Si bien cada uno de los procesos de reforma podría ser abordado con mayor detalle, la paradoja que encontramos es que el instrumento más importante que pretende regular nuestra vida en común no fue construido en común. La historia de la Constitución, bien lejos de la deliberación pública y la construcción en común, es una historia de acuerdos secretos celebrados entre caballeros y notables.

Una agenda común para la reforma constitucional

La Argentina presenta una historia de reformas constitucionales no solamente de dudosa institucionalidad sino fundamentalmente de ausencia total y absoluta de participación popular. En la historia Argentina, los temas constitucionales estuvieron en manos de las élites políticas y político-académicas, muy distantes –tanto espacial como discursivamente– de las mayorías populares. Esta lejanía contrasta nítidamente con los procesos constituyentes con participación formal e informal que se desplegaron en los últimos años en Ecuador y Bolivia, con los distintos mecanismos de participación que se están desarrollando en Chile, y también en casos más antiguos como la reforma constitucional colombiana iniciada con la propuesta estudiantil de la séptima papeleta. Desde la Universidad Nacional de José C. Paz nos interesa impulsar mecanismos de participación que recojan las opiniones del pueblo sobre las distintas variables a mejorar en el diseño constitucional. Queremos devolver a la comunidad la discusión y decisión sobre los engranajes más importantes que estructuran la vida en común.

La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso Nacional y la Constitución debe ser reformada por una Convención convocada al efecto, pero esto no significa rechazar la posibilidad de re-pensar constantemente y en común qué Constitución queremos. Si algo queda pendiente en Argentina, luego de treinta y tres años de consolidación de la democracia, es justamente concebir, discutir y escribir una Constitución en común.

A contrapelo de las murallas que se han construido para aislar los temas constitucionales de la participación popular, la intención de la Universidad Nacional de José C. Paz es construir puentes y caminos de encuentro. Para avanzar en esta construcción, el primer paso es elaborar en común un repertorio de asuntos que una futura reforma debería abordar. Generalmente, las temáticas de las reformas constitucionales, los derechos y las instituciones a modificar o incorporar, son delimitados por las élites políticas y económicas. A contrapelo de esta generalidad, lo que se propone es armar en común un breviario constitucional. En este sentido, un primer momento en la edificación de los puentes será la construcción de la Agenda común para una reforma constitucional y consistirá en la realización de una consulta sobre los derechos a incorporar en la Constitución y las instituciones a reformar. En este primer paso las nuevas tecnologías cumplirán un rol fundamental en esta participación, ya que entendemos que sólo considerando todas las voces tendremos la posibilidad de tener un nuevo texto constitucional que se corresponda con nuestra realidad social.

En el mes de octubre de 1948, en el marco del proceso de reforma que finalmente sancionó la Constitución de 1949, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires organizó una Encuesta sobre la Revisión Constitucional, en la cual los profesores respondieron dieciséis preguntas sobre distintos aspectos de la Constitución y su futura reforma. Sin renunciar a los debates de las élites políticas y político-académicas, la propuesta es situar esta Agenda más allá de estos muros y hacer de la consulta un espacio abierto y participativo. Sin embargo, además de interrogar sobre los derechos a incorporar e instituciones a modificar, nos proponemos conocer cuáles son los problemas sociales que una reforma debería resolver. Creemos que construir una Agenda común de problemas que una reforma debería atender, permite salir de los compartimentos estancos de los derechos y las instituciones y avanzar en soluciones multidimensionales que revisen de modo coherente distintos derechos y diferentes instituciones que podrían intervenir en la resolución de las problemáticas que se identifiquen.

Diálogo en común para una reforma constitucional

La construcción de la Agenda común para una reforma constitucional permitirá relevar cuáles son las preocupaciones e intereses que una futura reforma debería atender, y a partir de ello podremos avanzar en el Diálogo en común para una reforma constitucional. En este segundo momento, nos proponemos recolectar, delimitar y organizar los datos de la Agenda para avanzar en esquemas de diálogo sobre las temáticas más importantes. Por un lado, se propone crear una plataforma virtual en la cual políticos y políticas, académicos y académicas, referentes de movimientos sociales, y el pueblo en general, puedan volcar sus opiniones sobre cómo reformar las instituciones, bajo qué modalidades incorporar los nuevos derechos y con qué criterios resolver las problemáticas de la Agenda. Por otro lado, en simultáneo con las deliberaciones que se planteen en la plataforma, se organizarán foros presenciales que posibiliten el diálogo igualitario entre distintos actores y actoras.

La Constitución importa: un asunto en común

El establecimiento de una agenda común y de un diálogo en común para una reforma constitucional, no solamente pone en práctica una construcción horizontal de conocimiento sino que permite avanzar en el objetivo de construir en común la herramienta que regula los aspectos más importantes de nuestra comunidad. Creemos que la agenda y el diálogo remarcan la importancia de la Constitución pero también, y fundamentalmente, la importancia de construirla en común.




Instituto Interdisciplinario
de Estudios Constitucionales
Departamento de Ciencias
Jurídicas y Sociales